
Los desmontes y los desalojos violentos de familias enteras, no son cosa nueva en el norte argentino, y en particular en la provincia de Santiago del Estero. La cuestión es simple, y es que cuando se trata del avance de la sojizacion, no hay “derecho humano” que valga, y los que no tienen nombres ni rostros, los disfuncionales a este sistema de mierda que a su vez es disfuncional a la vida, claro, que se pudran en el olvido.
El empresario santafesino de la soja, Ciccioli, ha sido señalado por el MOCASE como el autor intelectual del asesinato, y los hermanos Javier y Arturo Juárez como los sicarios de este crimen por encargo.
Es práctica habitual en estos ladrones de guantes blancos, el contratar bandas armadas, verdaderos grupos paramilitares, cuyas funciones principales, son: custodiar propiedades mal habidas con el beneplácito de los gobiernos provinciales y autoridades locales, y amedrentar y desalojar a los campesinos de los territorios, con la perspectiva de continuar acaparando tierras. Ejemplos concretos de esta compleja situación, son los ataques, las quemas de viviendas y bienes, el envenenamiento de animales, las detenciones injustificadas (y aquí mismo se delata el trasfondo de complicidad del poder político). En este sentido, es permanente el hostigamiento que sufre el campesinado pobre, las familias agricultoras.
Asimismo, cabe aclarar que la organización y la resistencia de las comunidades, han conseguido evitar el desalojo y el desmonte de hectáreas que se cuentan por miles, esto, a través de la lucha decidida y firme.
Compañero Cristian, olvidar o desconocer el significado de tu lucha, que había detrás de tu nombre, el sentido que le dabas a tu vida, y quedarse de brazos cruzados ante tanta injusticia, eso es estar muerto. Tu sacrifico, no será en vano.





"Las cámaras no se enferman, no piden aumento, ni se agremian ni me hacen paro". La frase, ilustrativa de la ideología de los funcionarios que gobiernan la ciudad, se le escuchó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, en una jornada de encuentro vecinal a mediados de abril en el barrio de P. Patricios, donde se presentaba a los vecinos un plan de seguridad que incluía la ampliación de la flota de cámaras de vigilancia a un total de 300. Actualmente, 170 cámaras de video instaladas en edificios públicos, plazas, parques, y otros lugares estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, con el supuesto objetivo de reducir la delincuencia, se encargan de vigilar y controlar las 24 horas del día a la población de la ciudad, en el marco de un plan de aumento del control del espacio publico.
Operan en las sombras, amparados por el poder y el silencio mediático. Lo hacen de madrugada, antes con su uniforme azul característico, a los gritos, prepotentes. Luego de las denuncias, optaron por un perfil bajo y acciones relámpago, aunque sin empobrecer su brutalidad. Los cartoneros los llaman "el tren fantasma". Son el brazo ejecutor del proyecto del gobierno porteño de erradicar a los pobres del espacio público –sólo que el brazo armado. En los años de mayor recaudación histórica de la ciudad de Buenos Aires (2008 y 2009), al tiempo que el metro cuadrado cotiza en dólares en el mercado como pocas veces se ha visto, los sectores más pobres de la población (cartoneros, inmigrantes que viven en hoteles o casas tomadas, vendedores ambulantes) están siendo castigados por una patota especialista en desalojos, reglamentada por decreto, compuesta por empleados públicos del gobierno, y en el más absoluto anonimato. "Vienen en camionetas, armados con chumbos y facas, y nos rodean para que no podamos escapar. El otro día llegaron mientras dormíamos, los muchachos no entendían qué pasaba. Nos empezaron a dar patadas, y como si eso fuera poco nos rompieron los carros para que no podamos cartonear", fue uno de los testimonios en boca de los cartoneros del barrio de Constitución reunidos en asamblea en el mes de abril, en una de las tantas jornadas de denuncia, recogido por la Agencia de noticias Rodolfo Walsh.