Poder Popular en lucha contra la UCEP

Organizados en la asamblea "Poder Popular", vecinos, trabajadores y estudiantes del barrio de Constitución luchamos durante todo el año por la disolución de la UCEP. Los compañeros cartoneros, que pasan las noches en la calle, denunciaron en asamblea que habían sido golpeados brutalmente por una patota que respondía al gobierno de la Ciudad. Además de lo difícil que es vivir en la calle, a la madrugada eran víctimas, sin saber porqué, de desalojos de las plazas y calles bajo golpes y amenazas. Las razones las fuimos encontrando mediante el debate, buscando información y socializándola, a medida que las denuncias se multiplicaban. Llegaban relatos de todos los barrios, salían algunas notas en algunos medios, mientras que otros lo ocultaban (y lo ocultan hasta hoy). Los compañeros de la asamblea "hablemos con la boca llena" vivían la misma situación. Hasta que dijimos basta. Y salimos a la lucha.
Como primera medida, a principios de Marzo, decidimos cortar la calle Santiago del Estero a pocos metros de la facultad, y realizamos allí la asamblea de todos los martes, amplificada por una radio abierta al barrio, en la que participaron compañeros de otras asambleas y organizaciones sociales. Luego, decidimos participar activamente de la coordinadora en lucha de la ciudad, aportando nuestra propuesta de llevar adelante medidas de lucha con el eje en la acción directa contra los responsables, postura que sostenemos hasta el día de hoy. Nos sumamos a las marchas al ministerio de espacio público de la ciudad y la última hacia la legislatura, y realizamos un escrache al local de Constitución del PRO. También hicimos una campaña de difusión de lo que estaba sucediendo, a través de volanteadas, pegatinas y pintadas. Creemos que el accionar de la UCEP es una política represiva que no podemos dejar de denunciar y atacar. No podemos dejar que sigan reprimiendo al pueblo, que sigan fabricando pobres y reprimiendo la pobreza. Por eso creemos en la construcción de herramientas de solidaridad y organización como nuestra asamblea, para crear el poder popular necesario para cambiar este sistema que solo se sostiene con explotación y violencia.

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Comando Desalojo

Son el brazo armado de las políticas exclusivas y xenófobas que se toman en los escritorios de la jefatura porteña. La policía, conectada por Walkie-Talkie, recibe la orden y libera la zona. Entonces, los matones de la UCEP, mediante golpes y amenazas, difunden "la normativa vigente". Sus víctimas: cartoneros y personas sin vivienda.

Operan en las sombras, amparados por el poder y el silencio mediático. Lo hacen de madrugada, antes con su uniforme azul característico, a los gritos, prepotentes. Luego de las denuncias, optaron por un perfil bajo y acciones relámpago, aunque sin empobrecer su brutalidad. Los cartoneros los llaman "el tren fantasma". Son el brazo ejecutor del proyecto del gobierno porteño de erradicar a los pobres del espacio público –sólo que el brazo armado. En los años de mayor recaudación histórica de la ciudad de Buenos Aires (2008 y 2009), al tiempo que el metro cuadrado cotiza en dólares en el mercado como pocas veces se ha visto, los sectores más pobres de la población (cartoneros, inmigrantes que viven en hoteles o casas tomadas, vendedores ambulantes) están siendo castigados por una patota especialista en desalojos, reglamentada por decreto, compuesta por empleados públicos del gobierno, y en el más absoluto anonimato. "Vienen en camionetas, armados con chumbos y facas, y nos rodean para que no podamos escapar. El otro día llegaron mientras dormíamos, los muchachos no entendían qué pasaba. Nos empezaron a dar patadas, y como si eso fuera poco nos rompieron los carros para que no podamos cartonear", fue uno de los testimonios en boca de los cartoneros del barrio de Constitución reunidos en asamblea en el mes de abril, en una de las tantas jornadas de denuncia, recogido por la Agencia de noticias Rodolfo Walsh.
Vericuetos legales. A fines del año pasado, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, decretó junto a dos de sus ministros la legalización de una patota parapolicial que ya operaba durante la gestión de Aníbal Ibarra, la rebautizó como U.C.E.P (Unidad de control del espacio público), le sumó nuevos matones y la dotó de la infraestructura necesaria para que aumente su capacidad operativa. El decreto 1232/08, fechado el 21 de Octubre de 2008, establece que los objetivos de la nueva dependencia del ministerio de Espacio Público serán "Mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y de la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes"; "Colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público..."; "Colaborar operativamente en desalojos del espacio público...". Según una nota publicada en el diario Página/12 el día 12 de abril de este año, basada en una denuncia de la legisladora por Proyecto Sur Liliana Parada, "Los miembros de la UCEP pertenecen a la planta transitoria del gobierno porteño, cobran sueldos que rondan los 1200 pesos y fueron reunidos en esa unidad gracias a un decreto firmado por Macri, (el ministro de espacio público Juan Pablo) Piccardo y el ministro de Hacienda Néstor Grindetti". En declaraciones al diario Perfil del Sábado 16 de noviembre de 2008, el jefe de gabinete del ministerio de espacio público, Fabián Rodríguez Simón, se refirió a la UCEP como un grupo que "trabaja en paralelo con la Policía y los demás poderes" con la función de "ordenar el espacio público", y compuesto por "civiles que tienen calle y no tienen miedo de hacer ese trabajo".
Modus operandi. Puede suceder en cualquier momento luego de la medianoche y unas horas antes del amanecer. Le puede tocar, indistintamente, a cualquier esquina. Constitución, belgrano, el bajo, tribunales, san cristóbal. Un camión blanco, con la inscripción "Panizza" a los costados, y cuatro camionetas cargadas con una veintena de hombres con gorrita, estacionan allí donde se ubique una "ranchada" de cartoneros durmiendo en la vereda o en una plaza. La policía, avisada, deja de patrullar las inmediaciones del objetivo localizado. Se bajan y comienzan a golpear. Todo muy rápido. Secuestran frazadas y colchones, pero se ensañan especialmente con el instrumento de trabajo: los carros. Y amenazan: "si te vuelvo a encontrar por acá, sos boleta".
Si se trata de un desalojo de vivienda, la operación adquiere otro grado de organización. Cuando por tediosos trámites burocráticos no se tiene para el día planeado la orden de desalojo de un Juez, antes que la policía y los funcionarios, siempre para servir, la UCEP aplica los primeros golpes de puño a los desalojados. Así sucedió en el edificio de Paseo Colón y Martín García a principios de este año y en el desalojo de la Huerta de Caballito, entre otros.
"En la 9 de Julio no te quieren", se queja Diego, uno de los cartoneros del barrio de constitución. Nacido en la provincia de Buenos Aires, hace ocho años que vive en capital, "cartoneando para sobrevivir". En plena crisis de 2001, fue uno de los miles de habitantes del conurbano que encontraron en el cartoneo en la ciudad una salida ante la falta de trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue viviendo en la calle. Hacia fines del año pasado, fue atacado por la UCEP. "Estaba durmiendo, lo único que sentí fue una patada en la cintura y que volaba por el aire", cuenta mientras busca una explicación para lo sucedido. "No nos quieren en las calles, porque para ellos arruinamos el espacio verde", concluye.
A mediados del 2008, pocos meses después de haber declarado públicamente que "robar basura es delito", Macri lanzó un plan para "blanquear" a los cartoneros, que cambiarían su nombre por uno más fino: "colectores urbanos". Se les dio un uniforme, similar al de los barrenderos, además de guantes y palas y demás herramientas que mejoran la calidad del trabajo. Pero hasta el día de hoy, son muy pocos los cartoneros que optaron por la opción del "blanqueo". Como expresión del nuevo fenómeno, surgieron diversos sindicatos y agrupaciones que contienen la actividad, como UTRACA y MNT-CRyOS y MTE. La mayoría de ellos se abstuvieron de aceptar la propuesta oficial. Diego explica las razones: "Por cada kilo de cartón que recolectas, el gobierno te paga 10 ó 15 centavos, cuando en los centros de reciclaje pagan 30 o más". ¿Y la diferencia? "La diferencia se la queda el Jefe", responde.