DESALOJOS EN LA CIUDAD: Cómo hacer negocios con el techo de los trabajadores.

Cerca de las ocho de la mañana de ayer, 18 familias resistieron junto a organizaciones sociales otro desalojo compulsivo en el sur de la ciudad, perpetrado por el gobierno de Macri en complicidad con la mafia policial y judicial.
Esta vez, se trató del oficial de justicia Marcelo Alocati y efectivos de la comisaría n° 30 de Barracas, quienes se presentaron sin aviso previo en la puerta del precario hotel familiar de la calle Salom dispuestos dejar en la calle a las 18 familias que lo habitan, enseñando una orden del juzgado civil n°30 que los habilitaba a desalojar solamente la habitación número 4.
El montaje del operativo resultó desproporcional: vallados a ambas esquinas de la calle, policías en moto, varios patrulleros, personal de infantería con dos camiones, violencia verbal, física y psicológica permanente hacia las familias, etc. Aprovechando el desconcierto de los inquilinos, procedieron a desalojar la totalidad del hotel. Barrieron con todas las habitaciones de la planta baja, salvo una, y de no ser por la acción de los vecinos organizados del barrio y las organizaciones sociales, hubieran arrasado con el piso restante.
La mayoría de las familias afectadas quedaron en la calle, y sus pertenencias, arrebatadas por la policía, fueron cargadas en un flete con destino incierto. Las camionetas del BAP (ofrecieron un subsidio de 450$ y cuotas a seguir cobrando), servicio de higiene que barre con los pobres sin techo de la ciudad, fueron expulsadas de inmediato por las familias, que se niegan a terminar en un parador mugriento con sus hijos. Hasta estas horas del día de hoy, permanecen en la puerta del hotel intentando recuperar su techo.
Contrariamente a lo narrado por los medios de comunicación de la clase dominante, en explícita y vergonzosa complicidad con el gobierno y la policía, el juzgado 51, que tenia la causa de las otras habitaciones con juicio de desalojo, no intervino en el procedimiento. Tampoco se trata de “ocupas negros, vagos, chorros y mafiosos”, sino de trabajadores que habitan una vivienda muy humilde y antigua, con instalaciones precarias, un solo baño y una sola cocina para todas ellas, que tomaron la propiedad ante la imposibilidad de hacer frente a alquileres que superan los mil quinientos pesos mensuales. Y que pelean y se organizan por su derecho a una vivienda digna y contra quienes se lo niegan.
El rótulo de “mafia”, con mayor precisión, le corresponde en todo caso al tándem dueño de la propiedad (o en su defecto empresa)/comisario coimero/oficial de justicia/fiscal/gobierno de la ciudad/policía federal. Para acelerar los tiempos de los desalojos, el propietario coimea al juzgado y a la comisaría para expulsar a las familias pobres organizadas de su propiedad, que sufren la violencia de los Ratis y la impunidad de todo el proceso.
Esta forma de negocio con la necesidad de los trabajadores es un procedimiento habitual en los últimos tiempos. El tal Marcelo Alocati es una figurita conocida por las familias ya que ha intervenido en varios desalojos, como el de la calle San Antonio bis, también en Barracas.

Cuarenta familias resisten a un desalojo en un hotel en Barracas

Unas 40 familias que mantienen ocupado un hotel en Barracas se resistían esta mañana a abandonar el lugar en el marco de un operativo de desalojo que ordenó el gobierno porteño, en tanto que personal policial y judicial comenzó a retirar los muebles de las habitaciones.

El operativo se inició a las 8 en un hotel de familias ubicado en Salom 432, en el barrio de Barracas, confirmaron a Télam fuentes policiales de la comisaría 30, que está a cargo el desalojo.

Los vecinos denunciaron que el procedimiento "se inició de sorpresa, sin aviso; la policía valló toda la cuadra, y junto con un oficial de justicia están desalojando las 10 habitaciones, cuando sólo una estaba en juicio", dijo a Télam Romina, de la agrupación vecinal Poder Barrial.

Aseguró que "las familias continúan resistiendo desde adentro porque no tienen donde irse, pero la policía junto al oficial de justicia del gobierno porteño está realizando un operativo ilegal y se están llevando los muebles a los depósitos de la ciudad".

No obstante, la policía precisó que el desalojo se está llevando a cabo por orden del Juzgado Civil número 51.

En las inmediaciones del hotel y tras el vallado policial permanecen en el lugar apoyando a los ocupantes del hotel vecinos, integrantes de la comisión Justicia y Paz de la parroquia de Constitución y organizaciones barriales.

19 y 20 de diciembre: luchemos Juntos hasta la Revolución

El Pueblo da batalla en Soldatti: los pobres en unidad vamos a resistir

El pueblo viene dando batalla, como en Villa Soldatti, una de las tomas de tierras másimportantes que vivimos en capital federal. Esta, derivó en una represión policial en la queperdieron la vida compañeros del campo popular; muertes de las que son responsables tantoel gobierno de Macri como el Kirchnerismo, mas allá de los bonitos y embusteros discursosde turno.

La policía federal y la metropolitana, intentaron desalojar a mansalva a las mas demil doscientas familias que ocuparon el parque Indoamericano y terrenos del PoloFarmacéutico, ante la falta de un techo digno donde criar a sus hijos. Lo que demuestra,otra vez, que las fuerzas represivas del Estado, sólo están para garantizar los intereses delos poderosos.
En el caso de la vivienda, desde Poder Barrial vimos como en todo el año en el barrio deConstitución, la situación se repetía: la ley, los funcionarios, el gobierno y la policía, todosy cada uno de ellos, al servicio de los propietarios y su propiedad-negocio inmobiliario. Yno sólo eso: en nuestro barrio vemos tanta pobreza, tantos amigos y vecinos sin trabajo, sinuna salud digna, tanta gente en la calle. No puede tratarse sino de la misma injusticia quehace que unos pocos tengan todo y nosotros estemos así.

En todo el país vemos situaciones similares. Sin importar si tal o cual garca de turno esoficialista o no. Desalojan campesinos e indígenas de sus tierras (como nuestros hermanosMapuches en el sur, y el pueblo Qom en Formosa), o trabajadores que mantienen tomadaslas fábricas (como el recordado caso de Terrabusi). Son los mismos que asesinaron aMariano Ferreyra, a través de la podrida burocracia sindical, corrupta y mafiosa.Y si vamosno mucho más atrás, nos encontramos con el maestro Carlos Fuentealba, y Dario y Maxien el puente Pueyrredón. Mientras que Julio López y Luciano Arruga siguen sin aparecer,nuestra presidenta, con la habitual hipocresía que la caracteriza, festeja el día internacionalde los Derechos Humanos. Justamente este gobierno, que es el que más luchadores delcampo popular ha encerrado en sus cárceles, como es el caso del compañero RobertoMartino, preso por repudiar al Estado sionista de Israel, en huelga de hambre durantecasi un mes por su libertad. En todos los casos, ellos ponen sus recursos para silenciar ycriminalizar la protesta social.

Entonces, ante esta situación, y por los compañeros que hoy no están, pero viven ennuestros corazones y en la lucha, sigamos dando batalla. Que cada golpe que sintamos antetanta injusticia, sea una razón para apretar cada vez más los dientes, canalizando la broncaen la resistencia, en las calles, en los barrios, en las fabricas, y en las universidades y loscolegios. Porque la lucha nos une, y la unidad nos fortalece.

¡No a la criminalizacion de la pobreza y la protesta!

¡Seguimos resistiendo los desalojos!

Las 15 familias del Hotel “San Antonio”, junto a las organizaciones y familias del barrio logramos frenar el desalojo que el gobierno de Macri, la "justicia" y la policía, en complicidad con la empresa constructora que adquirió el edifico y los dueños del hotel, quisieron llevar adelante sobre nuestro derecho a no quedar en la calle, a tener un techo donde vivir.

Ahora vamos por más. ¡Queremos vivienda digna para todos! Con organización, lucha y conciencia seguimos dando pasos cada vez más firmes hacia nuestro objetivo.

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Más de 5000 familias son desalojadas por año en capital federal, las cuales son arrojadas a la calle ya que al gobierno de Macri la única política de vivienda que se le conoce es priorizar el negocio inmobiliario sobre el derecho a un techo digno, expulsando a los pobres de la ciudad y reprimiendo para sacar a las personas de sus casas.

El problema es muy grave. Pero podemos encontrarle juntos la solución: estas familias se están organizando en asambleas para defender su legítimo derecho a vivir bajo un techo. Con la organización, la conciencia y la solidaridad que vamos construyendo hemos logrado retrasar varios desalojos y vamos caminando hacia una solución definitiva al problema de la vivienda.

NO al nuevo proyecto de ley Antiterrorista

Un nuevo proyecto de Ley Antiterrorista impulsado por los agentes locales del imperialismo en su versión derecha parlamentaria fue presentado hace un mes en la cámara de diputados. El proyecto fue consensuado durante el "4º Encuentro de Lucha contra el Terrorismo" que tuvo lugar en nuestro país a mediados de Julio, y lleva la firma de varios diputados de ultraderecha como Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (PRO) y Patricia Bullrich (Coalición Cívica).

"De aprobarse esta ley se estaría elevando toda la tipificación del código penal argentino, por ende las figuras con las que se persigue a la protesta social, a la categoría de acto terrorista internacional", explica un comunicado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reproducimos a continuación.

Un proyecto similar ya fue sancionado por el senado a fines del año 2007 a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo "intergubernamental" que responde al FMI y al Banco Mundial y se dedica a "exigir" a los países periféricos como Argentina la aplicación de leyes de este tipo para garantizar "buen clima de negocios".

Leyes de este tipo existen en la gran mayoría del mundo y en especial en sudamérica con el propósito de atraparnos bajo el manto de "la ley" a las organizaciones populares y sus militantes, calificando como acto "terrorista" todo método elevado de protesta social. Actualmente, quienes más sufren esta normativa represiva son nuestros hermanos colombianos, peruanos y chilenos, aunque también fue aplicado a compañeros de nuestro país como Roberto Martino.

"En una propuesta que implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social referentes de la oposición firman un proyecto que endurece la legislación represiva en la Argentina y redobla el sometimiento a la política internacional de EE.UU. en continuidad con la política abierta por el oficialismo con las nefastas Leyes Antiterroristas de los años 2005 y 2007. Este proyecto surge como culminación del 4º Encuentro de Lucha contra el Terrorismo que sesionó en Buenos Aires los días 14 y 15 de julio. El evento fue próvido y organizado oficialmente por el congreso Judío Latinoamericano como actividad previa al acto oficial del 16º aniversario del atentado a la AMIA y participaron como disertantes el Juez Garzón y el fiscal Nisman".

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COMUNICADO ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Utilizando como excusa un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, los máximos dirigentes de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de Ley Antiterrorista. Lleva las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad, Federico Pinedo, Roy Cortina, Juan P. Tunessi, Juan C. Vega, Lidia Satragno, Elisa Carrió, Adrián Pérez, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Patricia Bullrich y Felipe Solá.Esta iniciativa parlamentaria reviste suma importancia para todas las organizaciones políticas, obreras, populares y defensoras de los derechos humanos.

Con la aprobación de esta ley se permitiría que una metodología de reclamo tan extendida como el corte de ruta pueda ser calificada como “acto terrorista”.

Decimos que este proyecto implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social porque, como hemos venido denunciando, hoy ya se utilizan figuras gravísimas del Código Penal, para intentar acallar las protestas y reclamos: los trabajadores que toman una fábrica son acusados de privación ilegítima de la libertad, los delegados de trabajadores en lucha son acusados de coacción, los trabajadores que enfrentan a patotas para-estatales son acusados de daños y lesiones. De aprobarse esta ley se estaría elevando toda la tipificación del código penal argentino, por ende las figuras con las que se persigue a la protesta social, a la categoría de acto terrorista internacional.

En su artículo 1º el proyecto tipifica, decenas de medidas de lucha utilizadas por nuestro pueblo cotidianamente, como actos terroristas. En su artículo 2º el proyecto, tal cual lo realiza el presentado oportunamente por el gobierno nacional y aprobado por la mayoría de los bloques del Congreso, avanza en definir cuales serían las organizaciones “terroristas”. Toda organización que lleve adelante cualquiera de las medidas de protestas tipificadas en el artículo 1º con la intención de “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”. De esta manera y como manera de ejemplo, se acusaría de organización terrorista a toda organización de estatales que pretenda que el gobierno se abstenga de despedir trabajadores, o los desocupados que cortan rutas para pedir trabajo o por supuesto los organismos de derechos humanos que durante años y años reclamamos y exigimos, por ejemplo la anulación de las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En los fundamentos de este proyecto de ley se aclara que se intentan escandalosamente igualar las acciones que pretende condenar, con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Otra vez entonces, se pretende imponer la teoría de los dos demonios, que ha sido repudiada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Decimos, una vez más que, antes el gobierno y ahora parte de la oposición, utilizan el atentado a la AMIA para justificar sanciones de leyes represivas, bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo, cuando es el propio Poder Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables, negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de EE.UU. e Israel.

Mientras al mismo tiempo, se mantiene detenido a Roberto Martino, acusado falsamente de antisemitismo, por ser parte de una movilización que condenaba al terrorismo del estado de Israel contra el pueblo palestino.

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ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

A 8 años de la masacre del Puente Pueyrredón