El pasado 27 de noviembre se genera una nueva actuación judicial, a partir de una denuncia en la cual se relata un operativo de la UCEP del 18/11, en Córdoba y Uriburu, desalojando a un indigente conocido como Carlos. La UCEP y la impunidad que la acompaña actúo, esta vez con lo que llaman su nueva estructura, que cumplen las mismas “funciones”. Pero a pesar de que la justicia fue conocedora de este hecho parece que nada cambio…
A fines del año 2008, el jefe de gobierno Mauricio Macri firma junto a Juan Pablo Piccardo (ex Ministro de Ambiente y Espacio Público) y Nestor Grindetti (Ministro de Hacienda), el decreto que le otorga “legalidad” a este grupo de tareas que ya operaba bajo la gestión de Ibarra. La rebautizaron como UCEP, le sumaron nuevos matones y la dotaron de la infraestructura necesaria para que aumente su capacidad operativa. Para el 2009 le otorgaron un presupuesto de $ 1.089.000. El decreto 1232/8, fechado el 21 de octubre de 2008, establece claramente sus objetivos: “ Mantener el espacio publico libre de usurpadores por vía de la persuasión y de la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes” . En los hechos: desalojan, golpean, queman los colchones y las frazadas, roban las pocas pertenencias…
Con gran cantidad de operativos acumulados (de 15 a 20 operativos semanales) en los cuales no faltaron los golpes, gritos, robo de documentos y de las pertenencias de las víctimas con la brutalidad que siempre los caracterizo, el repudio por una parte de la sociedad crecía esperando ser escuchado por el resto. Vecinos de un barrio denuncian un operativo (Pasco y Autopista). Que se realizo el mismo día en el que se realizó una marcha (1/10) en contra de la UCEP y de la policía Metropolitana, muestras de las políticas represivas del estado, que persiguen y acosan a los más pobres.
La justicia, allana el 30 de octubre, las oficinas del ministerio donde funciona la UCEP, encontrando pruebas contundentes, como lo son los listados con los operativos, y solo resuelve que este grupo, debía contar con una autorización judicial para actuar.
Fue a principios de noviembre cuando Piccardo, bajo cuya dependencia funciona la UCEP, anuncia mediante los medios que dicho organismo seria desarticulado, las razones que mencionan tienen que ver con impedir que la oposición política no pueda hacer campaña con este hecho. La información que comenzó a circular no era nada clara. Las consecuencias que sufrirían debido a su actuar los responsables políticos y materiales de los hechos perpetrados por la ucep, de eso nada se mencionaba, salvo que los integrantes de la fuerza de choque serian reubicados en el ministerio.
JUICIO Y CASTIGO, nada de eso se menciono, y así lejos quedo la posibilidad de hablar de JUSTICIA SOCIAL una vez más. Tampoco nada se hablo de las condiciones que generan que hoy en la ciudad de Buenos Aires sea 11000 el número de personas en situación de calle y/o vulnerabilidad habitacional, una ciudad para la cual el gobierno de Macri planifico y lleva a cabo desde el comienzo de su gestión políticas que buscan volverla una ciudad solo para ricos.
El pasado 27 de noviembre se genera una nueva actuación judicial, a partir de una denuncia en la cual se relata un operativo de la UCEP del 18/11, en Córdoba y Uriburu, desalojando a un indigente conocido como Carlos. La UCEP y la impunidad que la acompaña actúo, esta vez con lo que llaman su nueva estructura, que cumplen las mismas “funciones”. Pero a pesar de que la justicia fue conocedora de este hecho parece que nada cambio…
Con hospitales y escuelas desmanteladas, con presupuestos que no alcanzan, Macri insiste con invertir en una supuesta seguridad para todos, pero que en realidad se ocupa de perseguir y reprimir a los que menos tenemos. Esta no es una politica aislada de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires el gobernador impulsa un proyecto de ley contravencional con la cual criminalizar la pobreza y la protesta.
Desde Poder Barrial estamos convencidos de que la seguridad que necesitamos tiene que ver con que todos podamos acceder a una salud, una educación, una vivienda y un trabajo, dignos. La única manera de que seamos escuchados, exigiendo a quienes están en el poder que dejen de perseguirnos y reprimirnos es organizándonos y accionando de conjunto construyendo poder popular.
“ Si nada nos separa nada nos para,
si nadie nos divide nadie nos gana”
