Comunicado por accidente de Once.
El pasado 22
de febrero en la estación de tren de Once, uno de los trenes por inconvenientes
con los frenos chocó contra el andén dejando un saldo de 51 muertos y 600
heridos.
Esta tragedia, más cercana a una masacre que a una
tragedia en sí, desató ciertos debates en la sociedad, centrados principalmente
en la decadencia del transporte público y el rol del Estado en ello. De manera
casi inmediata tanto los trabajadores como los familiares de las víctimas
salieron a las calles a denunciar a los responsables y exigir justicia y sobre
todo, una respuesta de parte del Estado en cuanto a la situación del transporte
público.
El Gobierno ha
dado respuestas tarde y desacertadas y eso acrecentó el disgusto de los
distintos actores sociales.
Si bien se
intenta desde los medios y el Estado, focalizar la atención en TBA, se ha
puesto en tela de juicio desde la sociedad el transporte público en general.
Esto lo vemos reflejado tanto en lo sucedido como, por ejemplo, en el manejo del
traspaso de los subtes, una interna entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación en la cual los
únicos damnificados son los usuarios. Todo esto generó un proceso de toma de
conciencia de una situación que si bien se viene decantando hace varias décadas,
los sucesivos gobiernos han profundizado por acción u omisión. Se aumentan
tarifas, se dan o se quitan subsidios millonarios a los empresarios y en ningún
momento se hace eje en la ganancia de las empresas. Lo pague el Estado o bien
lo paguen los usuarios, no se cuestiona la ganancia millonaria que tienen las
empresas con los servicios públicos, que no están dispuestas a obtener un
margen menor de ganancia a cambio de seguridad y buen servicio. El único que
puede imponer una regulación a las ganancias de las empresas es el Estado ¿Por
qué no lo hace?
Entre las
medidas tomadas desde el Gobierno, se da entre ellas una intervención a la
empresa, lo cual es lógico e ineludible pero lo que reclamamos es una solución
integral a los inconvenientes que se viven día a día en el transporte público.
En las distintas movilizaciones que se sucedieron quedó de manifiesto la
indignación de nuestro pueblo: ¿Dónde van los subsidios entregados a las
empresas de transporte? ¿Quién se responsabiliza ante los damnificados? ¿Cómo
puede ser que con las denuncias que se vienen realizado hace años desde los
trabajadores y los usuarios el Estado no haga nada más que seguir destinando
fondos a las empresas?
Comprendemos
que esto no es un hecho aislado o algo que sólo podía suceder en el tren
Sarmiento. Tal como ha sucedido en Cromañón, esto pone en tela de juicio el rol
del Estado en cuanto al cuidado de los ciudadanos. Un Estado que abandona al
pueblo, librándolo a su suerte. Se trata de un reflejo de cómo se administran y
funcionan los servicios públicos. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué entendemos
por público? ¿Qué de público tiene un transporte que sólo enriquece a
empresarios como Cirigliano a costa de la seguridad de sus usuarios?
Es por ello
que consideramos que debemos canalizar esa bronca e impotencia generada por la desidia
planificada desde un Estado que continúa ignorando al pueblo, sosteniendo la
conciencia de que lo público es aquello que no sólo es de todos sino que debe
ser defendido por todos. Como trabajadores, usuarios de los servicios públicos y
organizaciones políticas y sociales debemos continuar organizándonos para
defender aquello que nos pertenece.
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