Decimos
¡No queremos más mega minería a cielo abierto en nuestro país!
Expresamos
¡No a la mega minería secante, saqueante y contaminante!
Exigimos
¡Derogación de las Leyes mineras!
Reclamamos
¡Desprocesamiento YA de los luchadores y luchadoras!
Demandamos
¡Derogación de
Gritamos
¡Paren de reprimir!
Pedimos
¡Respeto a
Instamos
¡Cuidado del agua, derecho fundamental para la vida de todos y todas!
Desde hace ya dos meses, los pueblos de varias provincias del norte argentino se encuentran en pie de lucha. Los levantamientos de las puebladas en Famatina, Belén, Andalgalá, Amaicha, Tinogasta y, ahora, Cafayate, han puesto en boca de todos y todas la problemática de la megaminería y su método depredador. Con sus fuerzas y su vida, han sostenido bloqueos selectivos y sistemáticos frenando el avance de los camiones que llevaban materiales para la instalación de estos proyectos, pero también impidiendo la llegada de insumos fundamentales para la continuidad de la explotación por parte de empresas instaladas hace más de una década en nuestro país. Estas medidas son la cristalización de una lucha que se viene gestando hace muchos años, desde la batalla iniciada en Esquel con la consulta popular en 2003, y posteriormente en casi todas las provincias cordilleranas, con la presencia permanente de un trabajo reflexivo de los compañeros y las compañeras en los cortes, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades, llevando adelante medidas de carácter institucional. Estos bloqueos son producto de la construcción continua y colectiva de un debate serio que ha sido, desde sus comienzos, desoído por las autoridades nacionales y provinciales y los medios masivos de comunicación.
Los pueblos en lucha hemos sabido conseguir éxitos parciales: en 2011, el pueblo de Tinogasta logró frenar el avance del proyecto de explotación de uranio de la empresa Cauldron Energy Ltda. En los últimos meses, pudimos celebrar el éxito parcial de los pueblos de Famatina y Chilecito, que consiguieron frenar la instalación de Osisko Mining Corporation, obligando a la empresa a intentar generar a futuro una “supuesta licencia social” que claramente no tiene. Sin embargo, también asistimos a momentos donde se hace presente toda la violencia represiva de los estados provinciales y el silencio cómplice del Estado Nacional frente a los hechos represivos.
Los discursos de la presidenta hablaron por si mismos. La apelación a la causa de las Malvinas fue utilizada para ocultar o minimizar la presencia de las transnacionales que ya se encuentran devastando el territorio continental, subestimando la pueblada en Famatina y los diferentes escenarios de conflicto en torno a los bienes naturales que atraviesan el país. Asimismo, su discurso sobre la minería sirvió para justificar la represión en contra de hombres, mujeres y niños/as que se encontraban poniendo sus cuerpos en los bloqueos de Santa María, Belén, Amaicha y Tinogasta, así como también la persecución por parte de infantería,
La frecuencia y persistencia de las protestas, y su consecuente represión durante los últimos meses evidencian que estamos enfrentando la consolidación de un modelo extractivo que avanza permanente sobre nuestros países latinoamericanos, priorizando la exportación de materias primas, saqueando nuestros bienes comunes, generando millonarias ganancias para unas pocas empresas, por sobre las necesidades de nuestros pueblos. Un modelo productivo que deteriora los diferentes ecosistemas y destruye nuestros suelos, nuestra agua y nuestro aire, afecta sustancialmente las economías regionales y la salud de las poblaciones. Un modelo que impone, a nivel continental, un sinnúmero de estrategias legales para acallar a nuestros/as luchadores/as. El caso argentino forma parte de una estrategia imperial para la región. Muchos pueblos de Latinoamérica se están levantando en contra de estos megaproyectos, como es el caso de las masivas protestas en Perú, Ecuador y Panamá. En todas partes la respuesta es la misma: la represión, la represión violenta, la criminalización y la judicialización de la protesta.
Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una ciudad en estado de sitio, Andalgalá, donde las fuerzas públicas han liberado la zona para que las patotas de la empresa Bajo
Estos pueblos le dicen no a un modelo que expresa lo más rancio de las políticas neoliberales implementadas en la década de los ’90 avaladas por el Consenso del Washington y bajo el mandato del Banco Mundial y el FMI. Modelo que, en nuestro país, da continuidad y profundiza las prebendas que la legislación generada durante el menemismo (Ley 24.196 y correlativas) le otorgan a las grandes transnacionales mineras, hoy usufructuarias del agua y los minerales de nuestra cordillera.
Estas luchas expresan el repudio a un modelo que extrae, mercantiliza y agota nuestros bienes comunes y que se manifiesta no sólo en la explotación de la megaminería a cielo abierto, sino que se observa en la consolidación de una cadena de agronegocios cada vez más concentrada en grandes corporaciones nacionales y transnacionales, en el avance sobre las tierras de comunidades campesinas, pueblos originarios y poblaciones enteras, en la apropiación privada y la especulación inmobiliaria de los espacios urbanos, en la extracción, saqueo y apropiación de nuestro petróleo, en el agotamiento de nuestras fuentes de agua.
Por otro lado, los hechos ocurridos a lo largo de estos dos meses muestran que la respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión, la criminalización de la protesta, la amenaza de aplicar la repudiable ley antiterrorista (aprobada e implementada por este mismo gobierno nacional que se dice defensor de los derechos humanos).
La respuesta fue la interferencia, desde el pasado 9 de febrero, de la radio comunitaria "El Algarrobo", en Andalgalá, por jugar un rol fundamental en la comunicación de los pueblos de la zona. Esta Radio, junto a muchos otros medios comunitarios, alternativos y populares, vienen siguiendo estas luchas desde sus comienzos. Hoy, la interferencia de la radio continúa.
La respuesta fue, además, estigmatizar, descalificarnos como interlocutores, acusarnos de ‘ignorantes’, ‘pseudambientalistas’, que responderíamos a otros intereses corporativos, y ‘fundamentalistas’.
La respuesta ha sido llamar a un “debate serio”, basado en la necesidad de callar nuestras voces, nuestros reclamos y nuestras propuestas, y sostenido con la construcción de mentiras mediáticas y de falsas posturas maniqueístas.
Además, la respuesta fue institucionalizar la relación de los estados provinciales con las empresas, a través de la reunión de gobernadores, convocada por el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, llevada adelante el miércoles 15 de febrero, cerrando en acuerdos públicos una alianza que ya había sido garantizada de manera confidencial en los despachos de los poderes públicos.
Los gobernadores, la presidenta y otros funcionarios confunden los votos electorales con la “licencia social” a las empresas para dinamitar cerros y destruir acuíferos. Esto denota, no sólo la fusión de los intereses del poder político con las empresas, sino también el nivel de impunidad con el que pretenden que les demos un cheque en blanco, para hacer a su antojo y a costas del pueblo al que dicen defender.
Se nos acusa de fundamentalistas porque decimos ‘NO’, pero no decimos ‘NO PORQUE NO’. No somos fundamentalistas; tenemos fundamentos, que es distinto. Fundamentalismo es decir ‘sí o sí’; es imponer este tipo de explotaciones a toda costa y a como dé lugar, aún apelando al uso de la violencia, del soborno, la cooptación, el clientelismo y la represión, eso es fundamentalismo. Es cerrar los ojos a la realidad de las consecuencias de este modelo y cerrar los canales de diálogo para con nuestros pueblos.
Por todo esto, exigimos que nos escuchen.
Exigimos que se vaya la megaminería de nuestro país YA!.
Responsabilizamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, no sólo de asociarse con los intereses mineros que saquean nuestros bienes comunes, implementando un modelo productivo a costa de nuestros pueblos, sino también de la represión llevada adelante sobre cada uno de los pueblos que luchan, de construir falsas campañas mediáticas, de permitir el accionar de patotas paramilitares contratadas por las empresas, de querer aplicar la ley antiterrorista para con nuestros luchadores y nuestras luchadoras, de reprimir en nombre de la “democracia” que dicen defender.
Repudiamos el financiamiento que nuestras universidades públicas reciben de estas empresas. No queremos que nuestra educación se sostenga sobre la base de ganancias producto de la explotación y saqueo de nuestros recursos naturales y la pauperización de las condiciones de vida de nuestro pueblo. De la misma manera, nos oponemos a que estas empresas se apropien del conocimiento que estos espacios públicos construyen, usando nuestras capacidades técnicas y humanas para darle continuidad a sus beneficios.
Rechazamos el modelo extractivo, en sus múltiples manifestaciones, que nos está empobreciendo, contaminando y matando. Y repudiamos la brutalidad y las amenazas con las que las empresas mineras pretenden avanzar sin más, amparadas por los gobiernos de turno, imponiendo su política de ganancias y destrucción. Llamamos a los trabajadores mineros a sumarse a esta lucha contra las empresas mega mineras.
Exigimos que el punto de inicio para iniciar un “debate serio” sea la suspensión de las actividades de las megamineras en nuestros territorios. El planteo de un debate requiere de la voluntad real de todas las partes.
Estamos convencidos que esto sólo se vence con la unidad desde abajo. Por eso, lejos de disolver nuestra lucha, estamos más organizados que nunca para repudiar los hechos de violencia y exigir que los que se vayan sean las empresas transnacionales todas que contaminan nuestros ecosistemas, nos enferman y saquean nuestros bienes comunes.
Por todo esto:
Decimos
¡No queremos más mega minería a cielo abierto en nuestro país!
Expresamos
¡No a la mega minería secante, saqueante y contaminante!
Exigimos
¡Derogación de las Leyes mineras!
Reclamamos
¡Desprocesamiento YA de los luchadores y luchadoras!
Demandamos
¡Derogación de
Gritamos
¡Paren de reprimir!
Pedimos
¡Respeto a
Instamos
¡Cuidado del agua, derecho fundamental para la vida de todos y todas!