Cerca de las ocho de la mañana de ayer, 18 familias resistieron junto a organizaciones sociales otro desalojo compulsivo en el sur de la ciudad, perpetrado por el gobierno de Macri en complicidad con la mafia policial y judicial.Esta vez, se trató del oficial de justicia Marcelo Alocati y efectivos de la comisaría n° 30 de Barracas, quienes se presentaron sin aviso previo en la puerta del precario hotel familiar de la calle Salom dispuestos dejar en la calle a las 18 familias que lo habitan, enseñando una orden del juzgado civil n°30 que los habilitaba a desalojar solamente la habitación número 4.
El montaje del operativo resultó desproporcional: vallados a ambas esquinas de la calle, policías en moto, varios patrulleros, personal de infantería con dos camiones, violencia verbal, física y psicológica permanente hacia las familias, etc. Aprovechando el desconcierto de los inquilinos, procedieron a desalojar la totalidad del hotel. Barrieron con todas las habitaciones de la planta baja, salvo una, y de no ser por la acción de los vecinos organizados del barrio y las organizaciones sociales, hubieran arrasado con el piso restante.
La mayoría de las familias afectadas quedaron en la calle, y sus pertenencias, arrebatadas por la policía, fueron cargadas en un flete con destino incierto. Las camionetas del BAP (ofrecieron un subsidio de 450$ y cuotas a seguir cobrando), servicio de higiene que barre con los pobres sin techo de la ciudad, fueron expulsadas de inmediato por las familias, que se niegan a terminar en un parador mugriento con sus hijos. Hasta estas horas del día de hoy, permanecen en la puerta del hotel intentando recuperar su techo.
Contrariamente a lo narrado por los medios de comunicación de la clase dominante, en explícita y vergonzosa complicidad con el gobierno y la policía, el juzgado 51, que tenia la causa de las otras habitaciones con juicio de desalojo, no intervino en el procedimiento. Tampoco se trata de “ocupas negros, vagos, chorros y mafiosos”, sino de trabajadores que habitan una vivienda muy humilde y antigua, con instalaciones precarias, un solo baño y una sola cocina para todas ellas, que tomaron la propiedad ante la imposibilidad de hacer frente a alquileres que superan los mil quinientos pesos mensuales. Y que pelean y se organizan por su derecho a una vivienda digna y contra quienes se lo niegan.
El rótulo de “mafia”, con mayor precisión, le corresponde en todo caso al tándem dueño de la propiedad (o en su defecto empresa)/comisario coimero/oficial de justicia/fiscal/gobierno de la ciudad/policía federal. Para acelerar los tiempos de los desalojos, el propietario coimea al juzgado y a la comisaría para expulsar a las familias pobres organizadas de su propiedad, que sufren la violencia de los Ratis y la impunidad de todo el proceso.
Esta forma de negocio con la necesidad de los trabajadores es un procedimiento habitual en los últimos tiempos. El tal Marcelo Alocati es una figurita conocida por las familias ya que ha intervenido en varios desalojos, como el de la calle San Antonio bis, también en Barracas.
