jueves, 10 de junio de 2010

“Por la defensa de los derechos de nuestras pibas y pibes”*

Hoy la gran mayoría de los hijos de los trabajadores se ven marginados, y ven postergadas las perspectivas de acceder a un presente y futuro dignos.
Consideramos que el acceso a salud, educación y vivienda dignos, son derechos que nos pertenecen y no deben ser un privilegio solo para aquellos que puedan pagarlos.
Las políticas de los distintos gobiernos tienden a arrojar a los pobres más allá de la General Paz.
El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el 2010 -votado durante el 2009- implicó una reducción en el gasto social y en vivienda. Mas allá de Macri, hay que tener en cuenta que las politicas antipopulares sobrepasan al gobierno de la ciudad, y tienen que ver con políticas de Estado. En este aspecto, el bloque kirchnerista desempeñó un papel importante en lo que hace al apoyo de estas medidas, ya que si bien no votó a favor, se abstuvo.
Este mes de junio es significativo para los luchadores del campo popular porque nos trae a la memoria el legado de lucha y compromiso que nos dejaron los compañeros Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, asesinados el 26 de junio del 2002, por la policía bonaerense, en una movilización en el Puente Pueyrredón durante la presidencia de Duhalde. Como un ejemplo aleccionador para inmovilizar a los sectores populares que estaban saliendo a luchar por sus derechos después de la crisis del 2001 que derribó a De La Rua de la presidencia.
En este sentido, por la misma senda somos continuadores de la lucha de ellos y otros tantos compañeros que comprendieron que los pobres tenemos dignidad, enfrentando la explotación y opresión de los poderosos.
Como señalamos antes, actualmente los derechos básicos continúan siendo vulnerados. Nuestras pibas y pibes no tienen garantizado el acceso a una atención médica de calidad. El sistema de salud en su totalidad sufre un vaciamiento del presupuesto, que responde a las políticas privatistas del gobierno. Esto trae como efectos una infraestructura deteriorada, falta de insumos, personal médico insuficiente (que por todo lo señalado desarrolla su trabajo en malas condiciones). Todo esto a pesar de los espejitos de colores que quieren vendernos con el lavado de cara de la fachada de algunos hospitales. En el barrio de Parque Patricios, por citar un ejemplo, tenemos el caso concreto del Hospital Penna, en el que días atrás falleció un bebé recién nacido por falta de personal anestesista.
Con respecto a la educación nos encontramos ante una situación similar a la expuesta en relación a la salud. El gobierno de Macri no destina las partidas presupuestarias necesarias para garantizar un acceso digno a la escolaridad, todo esto en el marco de entrega de subsidios a las privadas. De esta forma, podemos enumerar una serie de problemas en este sentido: las condiciones edilicias se encuentran en estado deplorable, lo que representa un peligro para la integridad física de los estudiantes y trabajadores (por ejemplo cuando los techos se caen a pedazos); también hay deficiencias en el funcionamiento de las estufas; disminuyeron significativamente la cantidad y la calidad de las viandas; reducción de becas; salarios docentes por el suelo respecto al nivel de inflación; cierre de cursos; convenios de pasantías con las universidades privadas; negociados a través de la tercerización de recursos. Una muestra de esto en el barrio de Parque Patricios lo representa el caso del colegio Bernasconi, en el cual se está intentado desde el gobierno entregar a manos de privados el usufructo del teatro que está dentro de sus instalaciones –las cuales fueron donadas como parte de la institución educativa-.
Cabe señalar que el acceso a la escolaridad de muchos niños que pertenecen a los sectores sociales más excluidos, se encuentra dificultada hoy ante la difícil situación económica por la que atraviesan sus familias. Muchas de nuestras pibas y pibes se ven obligados a abandonar la escuela y desempeñarse como limpiavidrios, cartoneros, entre otras changas posibles. No olvidemos que la prostitución infantil y el paco son flagelos que azotan a los sectores más marginados de la sociedad.
Respecto a la problemática habitacional podemos notar que el derecho a vivir en la ciudad aparece enfrentado al “derecho” al lucro, al derecho a la propiedad privada que la justicia se ocupa de garantizar a una minoría.
Actualmente 500.000 personas están en emergencia habitacional, cerca de 11.000 duermen en la calle, y 113 murieron entre mediados del 2008 y mediados del 2009 (Ciudad de Bs. As.)
Como mencionamos antes, el gobierno implementa una política de expulsión de la ciudad a los trabajadores pobres. Es el mismo gobierno que como respuesta a las problemáticas sociales elige la represión, legitimando la existencia de la UCEP (grupo encargado de desalojar) supuestamente desarticulada, pero nunca juzgada; actualmente adopta una nueva modalidad con la creación de “Higiene Urbana” encargada de tirar las pertenencias de la gente en situación de calle, ahora a plena luz del día. Crea en el mismo sentido la policía metropolitana, poniendo a su frente en un inicio para su dirección, a Jorge “Fino” Palacios (defensor de la última dictadura militar, partícipe de la represión del 20 de diciembre del 2001, e imputado en la causa AMIA).
La política de desalojos no es algo que comienza con el gobierno de Macri, pero a partir de su gestión los mismos fueron en aumento. En la zona sur de capital esta problemática se viene profundizando. Esto se hace tangible en decisiones del gobierno como la que se ejecutó a través del decreto 547/09 que estableció que a partir del 31 de diciembre del 2009, daría de baja el programa que tenía el gobierno para alojar a personas con necesidades de vivienda en la ciudad (Programa de subsidio a los hoteles familiares) .
Desde los últimos meses nos encontramos con la amenaza concreta de desalojos inminentes por parte de la justicia, que ejecuta los mismos amparándose en que la problemática es entre privados. De esta forma el estado defiende el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda. Y deja al pueblo sin respuestas reales y concretas. De esta forma el gobierno, en complicidad con los más ricos, hacen negocios con la pobreza.
Durante el mes junio se va a estar tratando el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Estas leyes no apuntan dar una solución real a las problemáticas de fondo que golpean a la comunidad, sino que lo que se intenta es generar las herramientas legales para criminalizar la pobreza, condenando a menores por el solo hecho de ser pobres… portación de piel y de cara.
La herramienta que tenemos los trabajadores para luchar por nuestros derechos es la organización, a través de las asambleas y la articulación de las luchas. En este sentido, debemos poder superar la fragmentación, construyendo la unidad en la acción, haciendo de todas las luchas UNA.
*PODER BARRIAL partipará de la tercera Kermes del Sur a realizarse el Sábado 19 de Junio en el Parque Patricios, bajo la consigna: "Defendamos el derecho de los niños".

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